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¿Qué obligaciones contables tiene un autónomo?

Es frecuente ver cómo algunos autónomos elaboran sus impuestos a partir de la simple suma de sus listados de facturas (expedidas y recibidas) y a continuación simplemente, rellenar y calcular el modelo de Hacienda con los resultados obtenidos. Incluso algunas gestorías actúan de la misma manera. Pero, ¿el autónomo tiene obligaciones contables? ¿Cómo debe elaborar su contabilidad?

El autónomo tiene la obligación de elaborar cada año un Libro Diario, con claridad, por orden de fechas y en euros. No tendrá la obligación de inscribir este libro en ningún registro mercantil, ni hacer públicas sus cuentas, pero la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), podrá exigirlo en cualquier momento, no sólo el del año en curso, sino los de los cuatro años inmediatamente anteriores.

El plazo de terminación del libro diario no es estricto, pero se recomienda tenerlo terminado en los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio contable. En cualquier caso, la obligación de la presentación de las declaraciones fiscales hacen necesario que los apuntes contables estén actualizados trimestralmente.

El modelo de tributación de estimación directa simplificada, exigirá además la elaboración de los libros de facturas expedidas, facturas recibidas, de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias, de las que ya os hablamos en otra entrada del blog. Estos libros permiten desglosar con claridad el IVA soportado en sus compras y el repercutido en sus ventas, factura por factura tanto de proveedores como de clientes. El libro registro de bienes de inversión permitirá la regularización de las deducciones por este concepto. El libro de operaciones intracomunitarias determinará también con precisión las entregas y adquisiciones dentro de la UE, factura por factura.

Todos los libros exigidos a los autónomos por Hacienda deberán reflejar, sin excepción, número de factura, serie, fecha de expedición o recepción, nombre, apellidos, razón social y NIF de todos los proveedores y clientes. También deberán desglosar la base imponible, el IVA repercutido o soportado y especificar si está sujeto al régimen especial de criterio de caja. En caso de que la factura tenga distintos tipos de IVA, deberán aparecer las todas las bases imponibles y los distintos tipos de IVA perfectamente desglosados y coincidiendo con el total de factura.

El libro registro de bienes de inversión deberá contener los bienes adquiridos por el autónomo y que por su naturaleza y coste la Agencia Tributaria considera que no son un gasto, sino una inversión, es decir, no se van a consumir durante el ejercicio fiscal, y por tanto la deducción debe prorratearse en varios ejercicios.

Tampoco ninguno de estos libros contables tendrán que estar inscritos en ningún registro.

Sí debemos exigir siempre a nuestra gestoría o asesoría que al finalizar el ejercicio fiscal nos envíe todos estos libros, ya que deberemos guardarlos durante al menos cinco años por si nos los exige en cualquier momento la Agencia Tributaria.

A los autónomos que tributan a través de estimación directa simplificada o normal, no se les exige la contabilización de pagos y cobros de caja y bancos, con la excepción de que estén acogidos al criterio de caja. No es necesario que los libros contables recojan el control de todas las cuentas bancarias.

Aún así, es muy recomendable tener una cuenta solamente para el negocio, que no esté mezclada con la cuenta personal. En el caso de una revisión o inspección tributaria, aunque Hacienda no exige el desglose de cuentas bancarias en contabilidad, si que podrá exigir la aportación de todos o determinados movimientos de todas las que estén a nombre del autónomo, sobre todo en el caso de la utilización de un tpv, por lo que deben ser, en todos los casos, clarificadoras y coincidentes con los ingresos declarados.

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Consiste en la aplicación de un estímulo a la contratación por parte de los emprendedores, así como el incentivo a la formalización de contratos a tiempo indefinido y por escrito, mediante bonificaciones en la cuota empresarial de la Seguridad Social siguientes:
Bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social para jóvenes de entre 16 y 30 años durante 3 años, de 83,33 € al mes, el primer año, de 91,67 € al mes, el segundo año y de 100 € al mes, el tercer año. Se producirá un incremento en las bonificación en 8,33 € al mes, cuando los contratos se realicen con mujeres en los colectivos en los que las mujeres tengan menor representación, se incrementará la bonificación en 8,33 € al mes. En el caso de los mayores de 45 años, la bonificación en la cuota empresarial de la Seguridad Social será de 108,33 € al mes durante 3 años, añadiéndose esta bonificación en 125 € al mes, si se contrata a mujeres que tengan menor representación ocupacional en este colectivo.
Este tipo de deducciones sólo las podrán aplicar aquellas empresas, que en el momento de llevarse a cabo dicha contratación, cuente con menos de 50 trabajadores.
La deducción en la cuota íntegra será de 3.000 € cuando el primer trabajador contratado por la empresa tenga menos de 30 años.
Para el caso de la contratación de desempleados que se encuentren cobrando la prestación por desempleo, la empresa podrá aplicarse una deducción del 50 % de la cuota íntegra por la prestación por desempleo pendiente que aún no haya recibido el trabajador, con el límite de 12 meses, en el momento de la contratación, siempre que el trabajador haya percibido prestaciones durante 3 meses, hasta ese momento de la contratación, debiendo aportar un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal en el que se especifique el importe de prestación pendiente de recibir.
En el caso de contratos a tiempo parcial, las deducciones se determinarán proporcionalmente a la jornada de trabajo establecida en el contrato.
Estas deducciones se podrán llevar a cabo una vez finalizado el periodo de prueba de 1 año, siempre con la condición de que se mantenga el contrato laboral que da derecho a las mencionadas deducciones durante 3 años. Debiendo reintegrarse las deducciones realizadas cuando se incumpla esta obligación de mantenimiento del puesto de trabajo durante 3 años, excepto cuando se produzcan despido por causa objetiva o disciplinario, despido procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

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Las facturas de abono sirven para rectificar aquellas facturas emitidas en las que se haya cometido algún error en los importes, en los descuentos, en los impuestos o cuando se produce una devolución de la mercancía. Para corregirlo, se debe emitir una factura rectificativa con los datos correctos o con la devolución del producto en su caso.

Según informan desde el software de facturación online Quipu, uno de los casos más habituales en los que es necesario hacer una factura de abono es cuando un cliente devuelve un producto. La factura rectificativa justificará la devolución de dicho producto, y, de esta forma, se podrá reflejar el movimiento en la contabilidad. En esos casos, la factura de abono será en negativo y se tendrá que hacer constar la devolución del pedido en el albarán, donde se contemple dicha solicitud.

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Otra situación en la que hay que hacer una factura de abono es cuando se comete un error, por ejemplo, en el precio del producto, por lo que habrá que emitir una factura nueva corrigiendo dicho campo y anulando la anterior. Es muy importante que se haga constar la factura a la que hace referencia y que estamos rectificando. Nos basaremos, por tanto, en la factura original y reflejaremos la serie de numeración correspondiente, el tipo impositivo y la cuota repercutida sin incluir el IVA.

Casos en los que hay que hacer facturas rectificativas

En general, los casos en los que el autónomo debe emitir una factura rectificativa son:

  • Cuando la factura original incumpla alguno de los requisitos legales contemplados en la normativa vigente
  • Cuando se produzca la devolución total o parcial de un pedido
  • Si se ha cometido algún error en el tipo impositivo de IVA
  • Para recuperar el IVA de una factura que no se ha cobrado

Por tanto, si se comete algún error a la hora de emitir una factura no hay que alarmarse ya que el Reglamento contempla la emisión de facturas rectificativas, que pueden ser de abono, en negativo, en los casos en que se produce la devolución de una mercancía. También sirven para corregir algún dato erróneo del cliente.

Fuente: Cinco días

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La ley define al trabajador autónomo como “las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial”.

El texto lo deja bien claro, el autónomo realiza su trabajo de forma habitual, por cuenta propia, dentro de su propia organización y con sus propios medios, es decir, el autónomo es una empresa que asume sus propios riesgos. No obtiene ingresos fijos, sino que son directamente fruto de unos trabajos realizados y de una facturación. La relación entre el autónomo y sus clientes no se rige por un contrato de trabajo, sino por un contrato mercantil (en caso de tenerlo, ya que no es obligatorio).

La ley define el trabajador por cuenta ajena (con la obligación de estar en Régimen General), de la siguiente forma: “los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”. 

El trabajador por cuenta ajena percibe un salario estable cada mes por la prestación de sus servicios, el cuál no depende directamente de la facturación o los trabajos realizados. Sus trabajos son dirigidos por el empresario, en el horario que éste establezca, utilizando los medios que éste le proporciona. Los beneficios directos serán por tanto para el empleador, que será responsable de abonar el salario correspondiente, y los riesgos también los asumirá él, en ningún caso el trabajador.

¿Qué está pasando en la actualidad?

Algunas empresas están haciendo contratos mercantiles a trabajadores que en realidad tendrían que tener un contrato de trabajo en Régimen General, ya que son empleados que están trabajando con los medios de la empresa, con unos horarios establecidos y con un salario estable. Los falsos autónomos tienen todas las obligaciones de un trabajador por cuenta ajena, pero ninguno de sus derechos. Es decir, el falso autónomo es el responsable de abonar su propia cotización a la Seguridad Social, pero sin embargo no es el dueño de su propia producción. No organiza sus propias vacaciones (en la mayoría de casos no retribuidas), no elige sus horarios y tiene que dar explicaciones al empresario como si estuviera en relación de dependencia.

Para que un contrato mercantil sea realmente mercantil, la relación entre la empresa y el autónomo (ambos empresarios), debería ser simplemente una factura por la prestación de unos servicios, sin más explicaciones, sin establecer ningún horario y sin utilizar ningún medio de producción en común. Aunque el autónomo tenga un sólo cliente, es plenamente libre de realizar su trabajo en el horario que él mismo establezca, los días que él mismo se organice y con sus propios medios.

El falso autónomo no tendrá derecho a prestación por desempleo ni a vacaciones retribuidas, ni se regirá por ningún convenio colectivo, no tendrá nómina no podrá exigir ningún derecho. Sin embargo, será el responsable de pagar sus propios impuestos, y la cotización a la Seguridad Social. Es un fraude al Estado, ya que ni se cotiza como se debería ni se pagan los impuestos correspondientes a la relación laboral existente.

Para ver la diferencia que existe realmente entre un falso autónomo y lo que realmente es legal que sea autónomo, es un buen ejemplo el caso de un comercial.

-Comercial autónomo: Es el que tiene su propio medio de transporte, se organiza su propia agenda, vende un sólo producto (si le sale rentable), o vende varios de varias empresas. Una vez realizado el trabajo, con contrato mercantil o sin él, factura sus servicios a las empresas para las que vende el producto, pero éstas no pueden organizar su trabajo ni exigirle objetivos o resultados. Aquí entraría la figura del autónomo TRADE, cuando el 75% de sus ingresos los perciba de un sólo cliente. Pagará sus propios impuestos y su cotización a la Seguridad Social.

-Comercial por cuenta ajena: Es aquel trabajador que tiene que estar en Régimen General y que a menudo se establece como un falso autónomo. Es aquél al que la empresa le proporciona el medio de transporte o al menos corre con los gastos que el transporte le genere, establece los productos que éste debe vender y podrá exigirle la exclusividad de sus productos y objetivos. El contrato es un contrato de trabajo que establece una relación de dependencia, se rige por un convenio colectivo y tendrá todos los derechos y obligaciones que éste establezca. La empresa será la responsable de ingresar las retenciones de IRPF de sus nóminas en Hacienda y de abonar la cotización correspondiente a la Seguridad Social.

La figura del falso autónomo está penalizada en España. Si la inspección de trabajo la descubre, está considerada como  una infracción grave y por tanto, la relación laboral se declarará en fraude de ley. El empresario tendrá que dar el alta al falso autónomo en Régimen General, posiblemente con carácter retroactivo, teniendo que abonar todas las cotizaciones que se dejaron de pagar a Seguridad Social, más los recargos. Por último, la sanción por cometer esta infracción, está entre 300,52 € y 3.005,6 €.

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¿Debo cobrar IVA a mis inquilinos? ¿En qué condiciones está el alquiler exento de pagar el IVA? En caso de tener que incluirlo, ¿Cuándo IVA debo cobrar? Estas son sólo algunas de las cuestiones más recurrentes que rodean a la fiscalidad del alquiler de pisos. Lo primero que hay que saber del IVA en los alquileres es que la ley diferencia entre alquilar a un particular o a una empresa. El resto os lo contamos en las siguientes líneas.

La regla general –aunque puede no ser la que se aplique de forma más frecuente- es que por defecto los alquileres están sujetos y no exentos de pagar el IVA. Es decir, en principio, todo propietario (o usufructuario) que ponga un inmueble en alquiler tiene una serie de obligaciones relacionadas con este impuesto.

El IVA en el alquiler de piso como vivienda

Entre las obligaciones generales que habrá que cumplir figuran las siguientes:

  • Alta censal como empresarioModelo 036 Epígrafe 861 (si lo que se alquila son inmuebles urbanos).
  • Emitir factura al inquilino repercutiéndole el IVA del alquiler.
  • Presentar cada trimestre (normalmente) el Modelo 303 e ingresar en su caso en el Banco la diferencia entre el IVA deducible soportado de los gastos y el IVA que se le repercute al arrendatario. Si el saldo es negativo, Hacienda nos permitirá compensarlo en meses posteriores o recuperarlo, según elijamos.
  • Presentación del modelo 390  o resumen anual del IVA que refleja la evolución del mismo a lo largo de todo el ejercicio. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Por fortuna, una cosa son las obligaciones generales y otra bien diferente quien debe cumplirlas a efectos prácticos. Y es que como ocurre con la obligación de presentar el IRPF, existen excepciones por las que una persona que alquila su vivienda no estará obligada a cobrar el IVA.

Exención del IVA en el alquiler: arrendamiento de vivienda

Como casi siempre en cuestiones fiscales, a la regla general se le añaden excepciones. En el caso del alquiler existen supuestos en los que su pago estará exento de IVA. De hecho, las excepciones incluyen al arrendamiento más común de todos: el arrendamiento de la casa para vivienda.

Cuando lo que se pone en alquiler son inmuebles con destino “exclusivo” a vivienda, hay exención del IVA. Esto quiere decir que no habrá que incluir el IVA en las facturas y que tampoco habrá que cumplir con los requisitos generales que mencionábamos al principio del artículo.

La exención del IVA afectará, además, tanto al piso como a sus elementos anejos: garajes, trasteros y muebles alquilados con la vivienda. Esto se hace así porque normalmente se tienden a alquilar todos bajo un mismo contrato y resultaría demasiado engorroso hace varios contratos de alquiler o incluir el IVA sólo en algunos elementos de la vivienda.

En otras palabras, si alquilas una casa para que actúe como vivienda no habrá que meter IVA en las facturas del alquiler.

Consecuencias de la Exención del IVA para el arrendador

Hay que tener en cuenta que la exención de IVA se aplica sólo sobre las rentas que se obtienen del alquiler . En ese sentido, el IVA de todos los gastos que tenga relacionados con el alquiler no es deducible. Lo que sí se puede hacer es incluir estos gastos en la declaración de la renta para deducir por el alquiler de vivienda o, en este caso, pagar menos por esos ingresos.

Recordemos que es obligatorio incluir el dinero procedente del alquiler en la declaración de la renta. Al hacerlo, el casero podrá reducir a los beneficios que obtiene parte de los gastos que soporta. Es decir, que si ingresa todos los meses 1.000 euros en concepto de arrendamiento de vivienda, a esa cantidad podrá restar los gastos de comunidad, en caso de pagarlos por su cuenta, gastos de formalización del contrato, IBI y en general cualquier otro gasto relacionado con poner la casa en alquiler. La lista es larga y puede consultarse en este enlace.

La suma de esos dispendios se restará al dinero del alquiler, de forma que el arrendador sólo tributará por el beneficio efectivo o real que obtenga al que, además podrá aplicar una reducción del 60% con carácter general.

Por otra parte, al tratarse de una transmisión de la vivienda durante un plazo determinado, la exención del IVA conlleva la sujeción al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que ha de pagar el inquilino (renta total de todo el contrato x 4 ó 7% según Comunidad Autónoma, ya que el impuesto está transferido).  Aunque el arrendatario es quien debe pagarlo, es responsabilidad del arrendador asegurarse que así se hace.

El problema es que no todo el mundo está al tanto de esta obligación y en muchos casos se queda sin atender. Recordar también que el ITP no se aplicar a los contratos a empresas y comercios, que ya pagarán el IVA normalmente en su factura de arrendamiento.

Particularidades a la norma: viviendas con despacho de trabajo

Como ya hemos mencionado, la casa debe destinarse de forma exclusiva a vivienda. De esta forma, si el inquilino emplea el piso para vivir, pero también para oficina o despacho particular (por ejemplo 50% a cada cosa), no habrá exención del IVA, ni siquiera para la parte destinada a vivienda.

Sin embargo, en ese caso el autónomo o empresa tampoco podrá desgravar todo el IVA que paga por la vivienda a la hora de hacer la declaración trimestral, sólo el del porcentaje de superficie efectivamente afecto a la actividad. En este punto, la interpretación que hace Hacienda de la norma es claramente contraria al interés del particular, tanto del arrendador como del arrendatario. El primero pierde la posibilidad de incluir el alquiler del piso como alquiler para vivienda y con él las reducciones a la hora pagar en la declaración de la renta. Por su parte, el segundo tampoco puede desgravar el alquiler en el IRPF y no puede tampoco deducir todo el IVA que paga por la vivienda.

IVA en el alquiler a empresas para vivienda ¿Hay que aplicarlo?

También influye con quién se firma del contrato. Este es uno de los puntos más polémicos y es el referido a los alquileres para vivienda habitual pero firmados por una empresa. Estaríamos hablando por ejemplo de una multinacional que alquila un inmueble para que viva en él uno de sus empleados. Es decir, quien figura en el contrato en y en las facturas como arrendataria una sociedad. En este punto la interpretación de Hacienda es clara: habría que pagar el IVA, mientras que la justicia no lo tiene tan claro y hay sentencias favorables para que el IVA esté exento también en estos casos.

En cualquier caso, lo más habitual en estos supuestos es que prime el criterio de la AEAT. Dicho de otra forma, quien alquila es la empresa y por lo tanto el alquiler debe incluir IVA.

La última contestación de la DGT a la pregunta de un usuario ha añadido una excepción. Según la respuesta 106778 a la pregunta de si está exento el alquiler de una vivienda a una sociedad que cede su uso a un empleado determina que sí, pero sólo en un caso: cuando “en el propio contrato de arrendamiento figure ya la persona o personas usuarias últimas del inmueble”, y además se impida el subarrendamiento o cesión posterior a otras personas de la vivienda.

Por el contrario, no estará exento el arrendamiento que faculta al arrendatario a designar a las personas que vayan a ocupar la vivienda.

Además, pueden darse casos como un uso mixto del edificio en Servicios adicionales de hostelería: si además del puro alquiler de vivienda, el arrendador “presta” servicios adicionales como lavandería, limpieza, etc., el arrendamiento está sujeto al IVA (10%) .

En definitiva, salvo los alquileres de vivienda “puros” firmados con el inquilino que vaya a vivir, el resto de alquileres están sujetos y NO exentos al IVA.

IVA en alquileres Turísticos

¿Qué ocurre con el IVA de los pisos de alquiler turísticos? La Dirección General de Tributos (DGT) también ha tenido que aclarar este punto. Lo primero que debes saber es que estás obligado a tributar por ese dinero en la declaración de la renta.

Además, en caso de la cesión de la casa a una empresa para que ésta la alquile, Hacienda considera que este arrendamiento está sujeto y no exento del IVA, ya que el uso del inmueble no va a ser exclusivo como vivienda por parte del arrendatario.

En cualquier caso, la Ley de IVA establece que al prestarse servicios análogos a los de hostelería en la cesión de la vivienda estaría sujeto al 10% de IVA.

Tienes dudas? Estaremos encantados de ayudarte a resolverlas, sólo tienes que preguntar.

Fuente: Bolsamanía

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Las pymes que realicen actividades de investigación y desarrollo pueden beneficiarse de una serie de deducciones y bonificaciones en su declaración del Impuesto de Sociedades. Si se cumplen los requisitos, podrá aplicarse una deducción del 8% sobre las inversiones que se hayan realizado en inmovilizado material e intangible para destinarlas a actividades de investigación y desarrollo.

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Se considera investigación a la indagación original y planificada dirigida a descubrir nuevos conocimientos en el ámbito científico y tecnológico, y desarrollo a la aplicación de los resultados de dicha investigación para la fabricación de nuevos materiales o productos, así como para el diseño de novedosos procesos de producción y la mejora tecnológica significativa de materiales, productos o sistemas que ya existen.

Además, se consideran actividades de investigación y desarrollo el diseño y la elaboración de un muestrario para el lanzamiento de nuevos productos, la creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos piloto que no puedan utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. También es i+d la creación, combinación y configuración de software avanzado y los sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones dirigidos a la fabricación de productos o servicios nuevos o mejorados.

La deducción se calculará en función de los gastos directos que se hayan realizado para llevar a cabo las actividades de investigación y desarrollo, incluidas las amortizaciones de los bienes que se destinen a la actividad, pero no formarán parte de la deducción los gastos indirectos ni los que, pese a tener relación directa con la actividad de i+d, no puedan individualizarse por formar parte de varios proyectos a la vez.

En general, el porcentaje de deducción aplicable a los gastos efectuados por actividades de investigación y desarrollo es del 25% por periodo impositivo. Además, se podrá practicar una deducción adicional del 17% del importe de los gastos de personal que corresponda a investigadores cualificados dedicados de forma exclusiva a actividades de i+d. Las inversiones objeto de deducción deberán permanecer en el patrimonio de la pyme hasta que cumplan su finalidad específica en las actividades de investigación y desarrollo para las que fueron adquiridas.

Fuente: Cinco días

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Las novedades fiscales de 2017 afectan a todos, desde ciudadanos de a pie hasta ahorradores pasando por pymes y autónomos.

Como cada año, el comienzo del ejercicio marca la entrada en vigor de nuevas normativas que conviene tener en cuenta para no pagar de más ni exponerse a una multa por parte de Hacienda.

Las novedades fiscales de 2017 más significativas son las siguientes:

Endurecimiento de los aplazamientos de deuda

Aplazar una deuda fiscal será más caro en 2017 gracias al Decreto Ley del 3 de diciembre. Las medidas se aplicarán a pymes y autónomos e imponen nuevos requisitos para poder aplazar o fraccionar los impuestos repercutidos, salvo el IVA no cobrado.

En 2017 se suprimen varias excepciones a la normativa y sólo podrás aplazar o fraccionar las deudas en los siguientes casos:

  • Las que se pagan a través de efectos timbrados.
  • Las del retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
  • Las que se consideren créditos contra la masa en casos de concurso del obligado tributario.
  • Las que deriven de impuestos repercutidos.
  • Las que correspondan a los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
  • Las deudas en suspensión.

Recuerda que esta medida se centra en las empresas, no en los particulares. Aquí te explicamos cómo solicitar un aplazamiento de deudas tributarias.

Novedades fiscales de 2017

Subida del IBI

La nueva revisión del catastro en 2.500 municipios servirá para aumentar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y con él subirán también hasta siete tributos diferentes que usan este dato como base para sus cálculos.

Los impuestos que se verán afectados son los siguientes: IRPF (para quienes cuenten con una segunda residencia o un piso vacío), Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Plusvalía Municipal e Impuesto de Patrimonio.

Prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio

En 2017 habrá que seguir haciendo frente al Impuesto sobre el Patrimonio tras la decisión de prorrogar un año más este tributo.

Se mantiene la exención de tributar a quienes tengan un patrimonio inferior a 700.000 euros, excluida la vivienda habitual hasta 300.000 euros. Aquí puede ver todo lo que necesitas saber sobre este tributo.

Cambios en las deducciones para autónomos

La reforma urgente el trabajo autónomo aprobada a finales de año incluye nuevas deducciones para los trabajadores autónomos. En concreto, en 2017 se eliminan las restricciones que afectaban a los automóviles y vehículos. Hasta ahora y con la ley en la mano sólo se podían deducir los gastos del coche si estaba 100% a la actividad.

En 2017 se permitirá deducir los gastos del automóvil parcialmente afecto a la actividad. La mayoría de inspectores venía permitiendo una deducción del 50% de los gatos para estos casos. La nueva ley permitirá deducir en el IRPF los gastos del coche en los mismos términos que ahora la del IVA.

Además, también se permite deducir los suministros de agua y luz hasta un 20% para los autónomos sin local y que trabajen en casa. La medida llega un poco tarde teniendo en cuenta que el Tribunal Superior Europeo ya declaró estos gastos como deducibles, contraviniendo el criterio de Hacienda.

Cambios en el sistema de Módulos

El pasado año ya introduje innumerables modificaciones en el método de estimación directa que continúan. Las novedades fiscales de 2017 fijan los nuevos requisitos para poder seguir en el sistema de módulos, que seguirán siendo de 250.000 euros al año en término de facturación y bajarán a 150.000 euros en 2018.

Deducciones que desaparecen del Impuesto sobre Sociedades

Aunque los tipos nominales no cambian, se puede hablar de una subida del Impuesto de Sociedades por la desaparición de varias deducciones que hasta ahora podían aplicarse.

Estas son las que no debes perder de vista y que incluyen:

Limitación a la compensación de bases imponibles negativas

Las entidades con un importe neto de la cifra de negocios menor a 20 millones de euros verán como el límite para compensar las bases imponibles negativas pasa del 60% al 70% en 2017 manteniéndose el importe mínimo.

Limitación a la deducción de pérdidas por transmisión de participaciones

La posibilidad de deducir las pérdidas producidas por la transmisión de participaciones de la empresa se restringe significativamente.

Las más afectadas son las empresas que tienen una participación significativa en la otra. Ésta se entiende por contar con más del 5% de la compañía o superar los 20 millones de euros. En este caso, si al vender la participación se generan pérdidas, estas no se podrán deducir. Así se iguala la tributación de las ganancias, que no tributan para estos casos.

Sí que se podrán integrar las rentas negativas cuando se produzca la extinción de la participada y el motivo no sea una operación de reestructuración. En este caso, se minorarán en la cuantía de los dividendos que se hubiesen cobrado en los 10 años anteriores.

Limitación a la exención de dividendos y de plusvalías obtenidas en la transmisión de participaciones en entidades no residentes

Desaparece con carácter general la exención de dividendos en la participación en entidades no residentes. De hecho, sólo podrán disfrutar de ella las empresas no residentes que en su país estén sometidas a un impuesto similar al español con un tipo nominal mínimo del 10%.

Reversión obligatoria de las pérdidas por deterioros anteriores a 2013

Las empresas están obligadas a integrar en la base imponible un mínimo de la quinta parte de las pérdidas en los ejercicios posteriores al 1 de enero de 2013 y en los cuatro siguientes.

Se elimina la posibilidad de integrar rentas negativas de establecimientos permanentes en el extranjero

En 2017 se elimina la posibilidad de integrar cualquier renta negativa de establecimientos permanentes en el extranjero, incluidas las producidas por transmisión o cese.

Aumento en los pagos fraccionados

En realidad no se trata de una medida nueva, ya que se aprobó a finales de 2016. El tipo mínimo en los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades de abril, octubre y diciembre pasa del 18% al 23%

Fuente: Bolsamanía

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Fiscal

La resolución del TSJ de Madrid considera que, si bien las prestaciones de maternidad son efectivamente rendimientos del trabajo, el contribuyente no está obligado a recogerlas en su declaración de la renta, ya que la propia Ley del IRPF  establece que estarán exentas “las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, así como “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.

Al margen de que el criterio del TSJ nos parezca más o menos acorde con la redacción literal de la norma objeto de controversia, debemos valorar la verdadera repercusión y efectos de la sentencia dictada, para conocer las posibilidades reales de recuperar las cantidades pagadas en nuestras declaraciones de la renta correspondientes a las prestaciones por maternidad.

En este sentido, si bien no podemos negar que esta resolución judicial abre una puerta a la esperanza de recuperar las cantidades pagadas por ese concepto a la Administración Tributaria, lo cierto es que su alcance, por el momento, es muy limitado. Las resoluciones judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos no sientan jurisprudencia; lo que quiere decir que el criterio fijado en la sentencia no es de obligado cumplimiento para los órganos de la Agencia Tributaria, limitándose sus efectos al concreto procedimiento en que ésta tiene lugar.

Así pues, no resulta muy aventurado esperar que la Administración se mantenga firme en su postura de considerar que tales ayudas son objeto de tributación en el IRPF. Máxime teniendo en cuenta el impacto negativo que para las arcas públicas supondría una devolución masiva, estimada en un importe global superior a los 1.000 millones de euros.

En el sistema jurídico español para sentar jurisprudencia de manera vinculante para los órganos de la Administración Tributaria, es necesario contar con un mínimo de dos resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en un mismo sentido.

El problema estriba en que, para poder pronunciarse el Tribunal Supremo en uno u otro sentido, es necesario que alguna de las partes presente un recurso ante él. Como la sentencia del TSJ de Madrid ha sido favorable a los intereses del contribuyente, no cabe esperar la interposición por su parte. De este modo, si la Administración tampoco interpone recurso y, en todo caso, mientras el Tribunal Supremo no tenga ocasión de pronunciarse en sentido favorable a la no tributación de las prestaciones en, al menos, dos ocasiones, los órganos de gestión tributaria mantendrán su criterio inalterado.

Descartada, así, una devolución masiva de oficio de estos importes por parte de la Administración, el contribuyente tiene la posibilidad de presentar una solicitud de devolución de ingresos indebidos por la parte de la cuota del IRPF correspondiente a la prestación por maternidad.

Una vez recibida la (previsible) denegación de esta solicitud por parte de la Agencia Tributaria, podrá interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano que acordó la denegación, o bien, una reclamación ante el correspondiente Tribunal Económico-Administrativo. También es posible la interposición sucesiva de ambos.

En el caso, también probable, de ser nuevamente desestimado, sólo le quedará la posibilidad de proveerse de abogado y procurador (con los costes que esto conlleva) y acudir a la vía judicial, interponiendo un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma. A la vista de la sentencia del TSJ comentada, las posibilidades de éxito se presuponen superiores si reside en la Comunidad de Madrid, sin embargo, nunca cabe descartar un cambio de criterio por parte del Tribunal.

En definitiva, en tanto no se pronuncie el Tribunal Supremo, los efectos de la sentencia aludida se limitan al caso enjuiciado. Por lo tanto, a fin de evitar sanciones innecesarias, aconsejamos seguir declarando las prestaciones de maternidad en el IRPF y, en su caso, pedir posteriormente la devolución de los ingresos indebidos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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